El exfuncionario de la Armada de México (Semar) Fernando «N» permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, luego de que una jueza de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro de la investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene por una presunta red dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustibles.
La determinación se produjo durante la audiencia inicial celebrada de manera privada y por videoconferencia, en la que el Ministerio Público Federal formuló imputación contra Fernando «N» por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, específicamente en la modalidad de ocultamiento.
La situación jurídica del mando naval, sin embargo, todavía no está resuelta.
Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la decisión sobre una eventual vinculación a proceso fue aplazada hasta el miércoles 26 de agosto. La continuación de la audiencia está prevista para las 09:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
Durante la diligencia, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó los datos de prueba con los que pretende sustentar que Fernando Farías habría tenido participación en una estructura dedicada al ingreso, dispersión y comercialización ilegal de hidrocarburos.
La FGR informó oficialmente que se investiga una «compleja red criminal» vinculada con el contrabando de combustible y sostuvo que los elementos presentados fueron suficientes para que se impusiera la prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
De acuerdo con las imputaciones conocidas hasta ahora, el combustible habría sido introducido ilegalmente al país mediante embarcaciones que arribaban a aduanas marítimas, entre ellas las de Tampico, Tamaulipas, y Ensenada, Baja California. Las investigaciones ubican el caso dentro del esquema conocido como «huachicol fiscal», relacionado con la importación irregular de hidrocarburos y la evasión de contribuciones.
La autoridad judicial también calificó de legal la detención del contralmirante antes de que los fiscales formularan la imputación en su contra.
Defensa cuestiona la imputación
Los abogados de Fernando «N»plantearon durante la audiencia objeciones a la exposición ministerial.
El despacho Mendieta y Asociados, encargado de su representación jurídica, señaló que la Fiscalía no habría precisado suficientemente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos atribuidos al contralmirante.
La defensa también solicitó que se determine con precisión a partir de qué momento su cliente habría pertenecido al grupo que las investigaciones identifican como «Los Primos», organización que las autoridades relacionan con operaciones de contrabando de hidrocarburos.
La ampliación del plazo constitucional permitirá a los abogados presentar elementos con los que buscarán controvertir los datos aportados por los fiscales antes de que la juzgadora determine si existen elementos suficientes para iniciar formalmente un proceso penal. Hasta entonces, Fernando «N» continuará internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «Altiplano».
Excélsior
